¡Qué fácil es criticar desde la barrera!
Desde que saltó a la prensa la noticia de que las negociaciones entre patronal y sindicatos estaban avanzando, la mayoría de los UGTistas estábamos preparados para el bombardeo de críticas y reproches (por decirlo suavemente) que íbamos a recibir UGT y CCOO. En cuanto a la patronal…, no por dios, esa ni tocarla.
Y es que llueve sobre mojado y siempre es la misma canción. Si no acordamos, nos ataca la derecha política, económica y mediática: que si somos unos irresponsables, que estamos desfasados, que tenemos la culpa de que haya tanto paro, que sólo defendemos a los trabajadores fijos, que estamos politizados, que seguimos las consignas de un determinado partido… y luego están los más “extravagantes”, como el señor Sostres y su famosa receta: los trabajadores con problemas deben acudir a la parroquia (a rezar, supongo) pero a los sindicatos, ni agua.
Y si acordamos… entonces las bombas nos llegan de los sindicatos minoritarios y de la izquierda política. Los primeros porque no tienen nada que perder, es más, se aprovechan de la campaña de desprestigio a los sindicatos orquestada desde la derecha neocon para captar adeptos . Así, difunden sus ataques e insultos tradicionales (vende obreros, traidores…) sin conocer siquiera el contenido del acuerdo, utilizando el cobarde anonimato en las redes sociales y los comentarios a noticias relacionadas en los medios digitales. Es lamentable su comportamiento carroñero. Un comportamiento que hace daño, y mucho, a la clase trabajadora. Evidentemente, es muy fácil criticar cuando se tiene tan poca representación y no hay que enfrentarse al día a día de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. Están acostumbrados a crear problemas pero no a resolverlos.
En cuanto a los ataques de la izquierda política, qué queréis que os diga. Hoy me ha sorprendido que un joven diputado de izquierdas, otrora conocido activista del 15-M, haya manifestado que los sindicatos, al firmar este tipo de pactos, perdemos base social y ha llegando incluso a aconsejarnos que renunciemos a negociar y dejemos al PP aplicar el “rodillo” y gobernar por decreto.
Imagino que será la inexperiencia, que no la inteligencia, la que le ha llevado a aconsejarnos de este modo. Es un joven muy preparado a nivel teórico, pero está claro que desconoce la realidad que se vive en los centros de trabajo. Tampoco sabe de sindicalismo, ni de negociación colectiva, ni de diálogo social… en los libros no se aprenden bien esas cosas, hay que vivirlas, hay que estar en las empresas, en el tajo, compartir los problemas de los compañeros, pelear por sus derechos… si, por sus derechos que son los nuestros, los de todos los trabajadores, afiliados o no. Y nosotros, como sindicatos mayoritarios, tenemos la obligación, la responsabilidad, de negociar y de acordar cuando sea posible, con la patronal y con el gobierno, sea del color que sea. A nosotros, la mayoría de los trabajadores nos han votado para eso en las empresas, para que les defendamos, no para dejar que el gobierno o el empresario de turno hagan lo que quieran con sus derechos. Tenga mayoría absoluta, mayoría relativa, sea un pequeño empresario o un magnate.
Ayer, cuando alcé mi mano para votar ese acuerdo en el Comité Confederal de la UGT, lo hice convencida de que mi sindicato estaba actuando con responsabilidad. Porque sí, es un acuerdo difícil en un momento muy complicado desde el punto de vista económico, social y laboral, pero es equilibrado, incorpora más solidaridad entre los trabajadores y garantiza el derecho a la negociación colectiva, en serio riesgo si observamos lo que está pasado en los países del sur de Europa.
Incorpora más solidaridad porque, ante las dificultades económicas en una empresa, se prioriza el mantenimiento del empleo por encima de todo. Y, muy importante, elimina el riesgo que existía de que los trabajadores perdiesen la cobertura de un convenio colectivo, fortaleciendo las relaciones colectivas de trabajo, frente a la práctica, cada vez más extendida, de la imposición unilateral por parte del empresario, de condiciones laborales a la baja, sin negociación y sin garantía alguna de reversión.
En definitiva, los que querían apartar a los sindicatos de la determinación de salarios y de la negociación de las condiciones laborales, los que pretendían dejar sin convenio a más del 90 por ciento de los trabajadores de este país, saben que, con este acuerdo, han perdido la batalla. Basta recordar los mensajes-recetas al respecto que nos han venido lanzando los adalides neoliberales dentro y fuera de España, el FMI, el BCE, Frau Merkel, etc., etc.
Ahora, sólo falta que el gobierno de Rajoy no meta mano en el acuerdo, como dice nuestro compañero Manuel Pastrana en su blog, y ahí sí que espero todo el apoyo de los partidos de izquierdas en el Parlamento. Ese es su lugar natural. El sindicalismo, es cosa nuestra.
Guerra al fraude fiscal (Parte 2)
A los que se acaban de asomar a este blog, les diré que esta es la continuación de mi ultima entrada, en la que me atreví a lanzar un reto a los trabajadores y a los ciudadanos en general: obligar a pagar impuestos a los que defraudan. Entendiendo que, antes de “parchear” con subidas de impuestos, el Gobierno debería priorizar un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Cosa que, al parecer, no está dispuesto a hacer.
Pues bien, asumiendo el compromiso, voy a responder a las preguntas que me dejé sin contestar ¿Quién pierde y quién gana en el fraude fiscal? ¿Qué ventajas tiene para nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, exigir factura?
Ganar, ganan sólo los que defraudan, los estafadores. Perder, perdemos todos los demás. Y me explico:
- Los que declaramos y pagamos impuestos, soportamos una sobre-carga impositiva (unos 830€ de media, según los técnicos de la Agencia Tributaria) para compensar la evasión fiscal de los que defraudan.
- Los defraudadores se quedan con el dinero y además disfrutan de los servicios públicos que deberíamos pagar entre todos (sanidad, educación, dependencia…), sin aportar un solo euro para su mantenimiento.
- Los autónomos, profesionales liberales y empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias, sufren la competencia desleal de los estafadores y tienen serias dificultades para mantenerse en el mercado y, en algunos casos, para evitar la ruina.
- El estafador, para dar credibilidad a su declaración de ingresos, contrata trabajadores en negro o, dependiendo del volumen de actividad “sumergida”, ofrece empleo irregular. Es decir, no cotiza por todos o una parte de sus trabajadores ; o lo hace por menos horas de las efectivamente trabajadas; o por una categoría inferior al trabajo desarrollado o por un salario inferior al recibido. Estamos hablando de fraude fiscal y economía sumergida. En este caso, de sus consecuencias para el trabajador:
- Individuales: Realizar una actividad en la economía sumergida implica “renunciar” a la mayoría de nuestros derechos. Por ejemplo, el trabajador que no cotiza, no tiene derecho a prestaciones por desempleo, no está protegido en caso de accidente laboral o enfermedad profesional y está condicionando su pensión futura.
- Colectivas: La economía sumergida incide muy negativamente en las cuentas de la Seguridad Social, deteriora el mercado de trabajo, precariza el empleo y provoca el incumplimiento de los convenios colectivos. Ningún trabajador debería aceptar un empleo en la economía sumergida. Este sería el mejor ejercicio de solidaridad que podemos hacer entre nosotros: Si los estafadores no encuentran a nadie que se deje explotar, no tendrán más remedio que “emerger” y ofrecer empleo con derechos. De otro modo ¿quién hará el trabajo?
A estas alturas ya habréis caído en la cuenta de las muchas ventajas que tiene para nosotros el pagar con factura:
- Como ciudadanos, porque obligaremos a pagar impuestos y seguros sociales a los que hoy no lo hacen o no lo hacen en la cuantía que debieran, garantizando así ingresos suficientes al Estado para mantener los servicios esenciales: educación, sanidad, dependencia y una protección social suficiente a los ciudadanos que más duramente están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Y otra cosa muy importante, estaremos dejando sin argumentos a los que hablan de la insostenibilidad del Estado de Bienestar y a los políticos que sólo saben ajustar presupuestos, recortando gasto público.
- Como trabajadores, porque les obligaremos a abandonar la economía sumergida, la contratación irregular, el fraude a la Seguridad Social y hasta la competencia desleal que pone en serio riesgo el futuro de las empresas cumplidoras y, en consecuencia, el futuro del empleo de calidad que estas ofrecen. Sin economía sumergida, tendríamos un mercado de trabajo más saludable, con empleos, prestaciones y pensiones dignas.
- Y, por último, como consumidores, porque la factura nos permite ejercer nuestros derechos, al poder demostrar la adquisición del bien o el servicio.
Soy consciente de que para ganar la guerra a la economía sumergida, serán necesarias muchas batallas. Es cierto que hacen falta más recursos materiales y humanos para la inspección fiscal y de la Seguridad Social; es cierto que necesitamos un sistema fiscal que elimine los métodos de tributación que incentivan la comisión de fraude; pero estoy convencida de que el mayor golpe a la economía sumergida y el fraude fiscal lo podemos asestar los ciudadanos: Si los dejamos sin cómplices, no tendrán más remedio que rendirse.
¿Te animas a desmontarles el chiringuito?
#noseascomplice #guerralfraudefiscal #guerralaeconomiasumergida
“En la vida nada es para siempre”
Esta fue la respuesta de Mariano Rajoy en la rueda de prensa de ayer, ante la pregunta de si se podía comprometer a no incluir la subida del IVA en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
A estas alturas, resulta difícil no entrever en sus palabras que la puerta a esa posible subida de impuestos se ha quedado de par en par. Por lo tanto, los que ya pagamos impuestos, pagaremos más y los que defraudan, seguirán haciendo negocio a nuestra costa.
Esto me lleva a profundizar en una idea que lanzaba en mi última entrada en este blog:
“… el fraude fiscal es un problema económico de primer nivel en nuestro país. De hecho, se trata de un delito “organizado” y convertido en negocio por auténticas mafias que mueven miles de millones de euros de beneficios, y de las que el común de los mortales sólo conocemos preguntas tan cotidianas como: ¿quiere factura?, ¿con IVA o sin IVA?…”
Y al hilo de esta idea, y ante el escaso interés que manifiestan nuestros gobernantes en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, me gustaría lanzar un reto a los trabajadores y a los ciudadanos en general: ¿Y si somos nosotros los que obligamos a pagar a los que no pagan?
Reconozco que a muchos les sorprenderá el reto, sobre todo si hacemos caso a las encuestas que dicen que casi el 40 por ciento de los españoles justifica el fraude. Pero claro, uno responde en función de cómo le pregunten y también, en función de la información que tiene sobre lo que le están preguntando.
Estoy convencida de que los encuestados habrían dado una respuesta muy distinta, si hubiesen reflexionado sobre cuestiones como, por ejemplo: ¿Dónde va el dinero con el que pagamos los bienes o servicios que adquirimos “sin” factura? ¿Quién pierde y quién gana en el fraude fiscal? ¿Qué ventajas tiene para nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, exigir factura?…
Me centraré hoy en la primera pregunta, ¿dónde va el dinero?:
Basta mirar la viñeta del Roto… Después de pasar por la contabilidad en B de numerosas pymes, autónomos y profesionales liberales, acaba beneficiando a grandes empresas que dejan de ingresar a Hacienda cientos de miles de euros en las liquidaciones de IVA. Si a lo que se ahorra en la liquidación del IVA, le sumamos el milagro de la “ingeniería anti-tributaria” que ha reducido en casi un 70 por ciento la recaudación en impuesto de sociedades, está claro dónde va una parte importante del dinero: A los bolsillos de muchos de los que se enriquecieron en la época del boom inmobiliario y que colaboraron en la gestación de la crisis que padecemos, que se siguen beneficiando de ella y que además pretenden irse de rositas sin hacer ningún esfuerzo, sin aportar nada, sin asumir ninguna responsabilidad.
El resto del dinero se lo queda la red de estafadores que recorre nuestro país de punta a punta. Porque ¿cómo se explica que en España los trabajadores ganen, de media, más que sus empresarios?. Los datos oficiales cantan.
Según Hacienda, en el ejercicio 2009, los ingresos anuales medios fueron:
- Trabajadores: 19.359€
- Pequeños empresarios y autónomos: 11.036€
- Microempresarios: 10.833€
Queda claro, por tanto, que al adquirir un bien o un servicio sin factura no ahorramos dinero, en realidad nos convertimos en cómplices del que comete la estafa y a la larga, acabamos pagando por él y por todos los defraudadores, que son muchos.
Ahora que han salido del armario los agoreros que anuncian la “insostenibilidad” del Estado de Bienestar, los que llevamos toda la vida luchando por él y los que recién se han dado cuenta de la importancia de defenderlo, tenemos que tomar conciencia de que el fraude fiscal es uno de los elementos que más contribuye a deteriorarlo. Por eso y porque quieren que la crisis la sigamos pagando los de siempre, merece la pena entrar en esta guerra.
Me he dejado preguntas sin responder, lo sé, pero el tema es denso y no quiero cansar al lector. Otro día lo haré. Mientras tanto, si a alguien que lea este post se le ocurre alguna idea más, sería estupendo que la compartiera con nosotros.
#noseascomplice #guerralfraudefiscal #guerralaeconomiasumergida
¿Y si antes pagaran los que no pagan?
De las medidas aprobadas por el gobierno y ratificadas por el Parlamento para recortar el déficit público, las que más críticas han provocado, aunque por motivos contrapuestos en algunos casos, han sido las medidas fiscales.
En nuestro caso, las hemos criticado desde el primer momento, porque, en nuestra opinión, no son más que un parcheo, un conjunto de medidas deslavazadas e improvisadas que afectan, fundamentalmente, a las rentas del trabajo de las clases medias. Además, con estas medidas transitorias, como las llama el gobierno, los grandes patrimonios y las grandes fortunas mantienen su “blindaje” y el sacrificio que se les pide para salir de la crisis vuelve a ser “ninguno”.
Desde que la UE y nuestro gobierno convirtieron la reducción del déficit público y la estabilidad presupuestaria en su objetivo prioritario, apostando por planes de austeridad en el gasto público, la UGT ha venido demandando una reforma fiscal integral, en la que se revisase el conjunto de las figuras fiscales de nuestro país para aumentar su potencial recaudatorio y elevar la equidad y progresividad del sistema. Entendiendo, que la ansiada estabilidad presupuestaria se puede alcanzar por la vía del incremento de los ingresos y no sólo por la vía de la reducción de los gastos.
Paralelamente a esta reforma fiscal integral, hemos venido defendiendo la necesidad de un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
A estas alturas, nadie puede poner en duda que el fraude fiscal es un problema económico de primer nivel en nuestro país. De hecho, se trata de un delito “organizado” y convertido en negocio por auténticas mafias que mueven miles de millones de euros de beneficios, y de las que el común de los mortales sólo conocemos preguntas tan cotidianas como: ¿quiere factura?, ¿con IVA o sin IVA?…
Es lamentable que este problema haya suscitado tan poco interés para el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que el plan antifraude que nos ha presentado, incorpora medidas que ya estaban funcionando desde hace tiempo, claramente insuficientes, y como única novedad, la de limitar los pagos en efectivo.
Y digo que es lamentable porque, en una época tan difícil como la que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, social y laboral, el hacer que contribuyan más los que ya lo hacen, en lugar de hacer que contribuyan los que defraudan es una opción socialmente injusta y económicamente errática.
Según señalan los técnicos de la Agencia Tributaria, “los contribuyentes que cumplen con Hacienda pagan de media 830 euros más de lo que les corresponde para compensar la evasión fiscal de otros”. Y van más allá, al afirmar que se podrían recaudar 38.500 millones de euros si se rebajase en 10 puntos este tipo de fraude. Es decir, casi el doble de lo que se recauda por el Impuesto de Sociedades y aproximadamente la misma cantidad que el gobierno pretende recortar para alcanzar su objetivo de déficit público para este año.
Como señalaba en este mismo blog hace un par de meses, los empresarios defraudadores “están pidiendo a gritos” sanciones ejemplarizantes y disuasorias que les animen a ejercer su actividad en la economía oficial. Sin ellas, sabemos que estos empresarios campan a sus anchas, incumpliendo sus deberes con Hacienda, la Seguridad Social, sus trabajadores y la sociedad en general.
En la UGT estamos convencidos de que este es el camino y nos hemos empeñado en sensibilizar a los poderes públicos, a los trabajadores y a la sociedad en general, hasta conseguir un gran acuerdo de todas las fuerzas sociales en materia de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
¿Te apuntas? Aquí tienes nuestros argumentos.
Juegos de palabras para engañar ¿a los estúpidos?
Escucho en las noticias que a la ministra de Trabajo, perdón de Empleo y de Seguridad Social, no le gusta que llamen recortes a los recortes que el pasado viernes aprobó el gobierno de Rajoy. Prefiere la señora Fátima Báñez que los llamemos medidas necesarias para salir de la crisis.
Hay que ver como son algunos políticos. Tal vez piensen que sus juegos de palabras pueden obrar milagros y hacer que olvidemos lo que machaconamente han venido cacareando desde que se inició la crisis y, muy especialmente, desde que el gobierno de ZP virase el barco hacia la derecha, capitaneando una política económica neoliberal a la que, por cierto, deben buena parte de su fracaso electoral.
Ya no recuerda la señora Báñez que los recortes del gobierno de ZP fueron criticados por su partido por injustos y antisociales. Hasta repetían sin rubor los argumentos sindicales que calificaban los recortes del famoso plan de ajuste como un sacrificio estéril, en tanto que eran socialmente injustos, al hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos y los ciudadanos en peor situación, y económicamente inútiles, en tanto que lastrarían la recuperación económica y la creación de empleo. Como así ha sido.
Después, criticaron la reforma laboral impuesta por el gobierno, decían que porque no contentaba a nadie. Pero en realidad, coincidían en privado con la patronal al considerarla poco ambiciosa, mientras que en público se llegaron a “vender”, también sin rubor, como el partido de los trabajadores, porque suponía un recorte de derechos laborales muy difícil de asumir por los sindicatos.
Cuando convocamos la huelga general del 29-S, ahí sí que pusieron a trabajar a destajo a toda la artillería mediática para, utilizando juegos de palabras, debilitar al gobierno y deslegitimar a los sindicatos de clase que la habíamos convocado. Es decir, saludaban la huelga en privado pero en público la criticaban. La jugada estaba clara: quemar al gobierno evitando fortalecer a los sindicatos de clase. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a dar oxígeno a los que día a día presentamos alternativas, exigimos priorizar el empleo y, en definitiva, nos enfrentamos a las políticas neoliberales impuestas por Europa y el FMI, entre otros.
Con la reforma de las pensiones hubo más de lo mismo. Se pusieron de nuestro lado mostrando su desacuerdo en público con la medida menos popular, la de aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, para promocionar en privado el negocio de los plantes de pensiones. Por eso, cuando a través del Acuerdo social y económico (ASE) conseguimos amortiguar los efectos de la reforma e incluso introducir mejoras muy importantes para colectivos desfavorecidos, como empleadas de hogar o trabajadores del sector agrario, amén de otras propuestas para incentivar la contratación de jóvenes y desempleados de larga duración, se pusieron de perfil para que el acuerdo pasase sin pena ni gloria.
Con la reforma de la negociación colectiva hubo más de lo mismo. Confiados ya en llegar a la Moncloa, su interés se centraba en pasar sin hacer mucho ruido para preparar el camino a la reforma laboral y de la negociación colectiva que tienen previsto aprobar en breve, con o sin acuerdo entre patronal y sindicatos, pero abiertamente favorable a las tesis de la patronal.
Así es que, a estas alturas, los UGTistas estamos curados de espanto y la mayoría de los trabajadores también. No somos estúpidos y por eso no caemos en la trampa de los juegos de palabras. La realidad es la que es, y si son recortes son recortes, antes y ahora. Lo que para ellos son medidas necesarias para salir de la crisis para nosotros son medidas que nos llevan a la recesión, a más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más sacrificio estéril.
Y el jueves nos anuncian más recortes… y eso que los autodenominados “movimientos transversales” se entretienen pidiendo firmas para suprimir las supuestas subvenciones a los sindicatos. Están de suerte: la caverna y los iluminados están de su parte.
Nosotros podemos equivocarnos pero seguiremos a lo nuestro, defendiendo a los trabajadores dentro y fuera de los centros de trabajo, priorizando el empleo y apostando por la negociación colectiva y el diálogo social.
Es lo que hay.
¿Qué podemos esperar del 2012?
Las perspectivas no son buenas, eso está claro. El recién estrenado ministro de economía, señor de Guindos, nos ha presentado un panorama económico muy negro para los primeros seis meses del año: el país registrará tasas negativas de crecimiento económico, es decir, nuestra economía entrará en recesión el próximo año, y superaremos los 5 millones de parados.
Se trata de una previsión razonable, teniendo en cuenta que se vienen preanunciando recortes, ajustes, reformas amplias y profundas… en definitiva, sacrificios varios para los de siempre, los trabajadores y los sectores más débiles de nuestra sociedad, tal y como viene sucediendo desde que comenzó la crisis.
Recuerdo cómo a finales de 2009, algunos analistas ya sugería la necesidad de reactivar el consumo y la inversión productiva para que la economía pudiese volver a crecer al mismo ritmo que antes de que la crisis empezase siquiera a intuirse. Por entonces, parecía haber un cierto consenso en torno a los problemas estructurales que aquejaban a nuestra débil economía y a la necesidad de apostar por un nuevo modelo productivo que sirviera para fortalecerla y hacerla más competitiva a medio y largo plazo, y, en consecuencia, para recuperar y crear más y mejor empleo.
A estas alturas, está claro que ni esas sugerencias se tomaron en consideración, ni ese consenso se ha mantenido. El nuevo gobierno que ha vendido “el cambio” en la campaña electoral del 20-N y que lo sigue vendiendo de cara a las próximas elecciones andaluzas, en absoluto va a abandonar la ortodoxia económica impuesta desde Europa. De hecho, que Rajoy anuncie que su primer objetivo es la creación de empleo suena a palabras huecas, cuando todas las medidas que se preanuncian van en la dirección contraria.
En este contexto ¿qué podemos esperar en Granada si nuestro mercado de trabajo se sigue deteriorando a pasos agigantados? Las estadísticas laborales son muy elocuentes a este respecto: destrucción de empleo neto en prácticamente todos los sectores productivos, altas cifras de paro, escasas o nulas oportunidades para los jóvenes que buscan su primer empleo y contratación mayoritariamente temporal y precaria. Y a las estadísticas oficiales, se unen los datos sumergidos de una economía que lastra la competitividad de nuestras empresas y la calidad del empleo.
La patronal granadina afirma que la salida de la crisis es la empresa y repite miméticamente las proclamas y recetas de la patronal más ultraconservadora, y hasta defiende proyectos invasivos de nuestro medio ambiente (Sierra Nevada y Costa Tropical) y de nuestro patrimonio cultural (acceso mecánico a la Alhambra). Lamentable, por ejemplo, que su presidente no denuncie públicamente que uno de los principales problemas que afectan a las empresas granadinas es la economía sumergida. O que, no se ofrezca a remar en favor de la recuperación económica, comprometiéndose lealmente con la negociación colectiva, garantizando que todos los trabajadores estén amparados por un convenio colectivo actualizado; e impulsando una nueva cultura empresarial orientada a la creación de empleo estable y con derechos y a una gestión de los recursos socialmente responsable y económicamente sostenible.
Y es que para sobrevivir, señor Cuerva, no basta con alquilar un local y recibir una subvención para poner en marcha el negocio. Nuestras empresas necesitan ser más productivas y competitivas, y para conseguirlo, deben contar con unos recursos humanos motivados y comprometidos con el proyecto empresarial y con gestores cualificados y con visión empresarial. Obviamente, ofrecer miniempleos, contratación temporal, incumplir convenios, bloquear la negociación colectiva… no es el camino.
¿Un despropósito o una obsesión?
En menos de una semana el señor Rosell ha pasado de los mini-empleos al despido de funcionarios, algo que ya le pidió a Zapatero en julio de 2010. Si esto es todo lo que se le ocurre al presidente de la patronal, creo que ya nos podemos ir olvidando de que la CEOE tenga entre sus prioridades arrimar el hombro para salir de ésta. Más bien al contrario, parece que su objetivo es blindar los beneficios empresariales, a costa de lo que sea, y sacar el máximo provecho a la crisis económica.
Por cierto, la UGT ha presentado recientemente un informe que lleva por título “La defensa de los Servicios Públicos y su reforzamiento en los momentos de crisis”, que desmonta con datos objetivos el discurso manido e intencionado de que hay demasiados empleados públicos, que no son productivos y que son unos privilegiados por tener un empleo para toda la vida.
De ese informe, me gustaría destacar algunos datos que invitan a la reflexión:
- La tasa de temporalidad en el sector público es del 24%. Es decir, uno de cada cuatro empleados públicos no tienen empleo estable. Muchos de ellos son mileuristas.
- En Sanidad, Educación o Administración Local, la tasa de temporalidad alcanza el 35%.
- España sólo supera a Portugal e Italia en población empleada en el sector público. De hecho, no llega al 10%, mientras que la media de la Europa de los 15 es del 16%. El mayor porcentaje corresponde a Dinamarca, con un 25%, que no es precisamente uno de los países que peor esté resistiendo la crisis económica.
- El gasto público dedicado a los salarios de los empleados públicos es el más bajo de la Europa de los 15. De hecho, desde 1982 han perdido un 24,58% de poder adquisitivo.
¡Vaya chollo! El funcionario o el trabajador fijo del sector público tienen trabajo estable. ¿Cómo se les ocurriría ponerse a estudiar unas oposiciones o presentarse a un proceso selectivo y competir con cientos o miles de candidatos para conseguir un trabajo?
Está claro que desprestigiar a los funcionarios, a los empleados públicos en general, forma parte de una estrategia de desprestigio social con la que se pretende impedir el aprecio de la ciudadanía hacia ellos, de manera que no encuentren el más mínimo apoyo social cuando se anuncian recortes en sus salarios, aumentos de jornada, eliminación de derechos, reducción de plazas de interinos o cualquier otra medida orientada a reducir el gasto público por la vía del deterioro de la calidad del empleo de los trabajadores que prestan servicios públicos.
Con el terreno abonado, en caso de tener que emprender movilizaciones para defender sus derechos, buena parte de la opinión pública no les apoyará, más bien al contrario, se mostrará comprensiva con quien recorta, impone o incumple.
La patronal lleva tiempo buscando negocio en el sector público y ahora hay gobiernos autonómicos que le están facilitando la tarea. El pastel es jugoso y desean hincarle el diente. ¿Qué mejor idea que despedir funcionarios y desmantelar servicios públicos? Si buena parte de los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o la dependencia, pasan a manos privadas, podrán los amigos del señor Rosell ofrecer trabajo indecente para prestar esos servicios, con mini-empleos, mini-salarios, horas extraordinarias a discreción y despidos a precio de saldo. Porque claro, hoy lo importante, según la patronal, es tener trabajo… cualquier trabajo. Con la que está cayendo ¡cualquiera se queja!
Ante este despropósito, la UGT seguirá defendiendo el papel de los empleados públicos y rechazará públicamente este tipo de iniciativas que intentan desprestigiar a estos trabajadores, precisamente los que prestan servicio a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en situaciones de necesidad. Ellos son los que cuidan a nuestros enfermos, a nuestros mayores, los que educan a nuestros hijos, los que garantizan nuestra seguridad, la justicia o los que nos asisten en situaciones de emergencia. No sólo son necesarios , son imprescindibles.
Texto íntegro del artículo publicado en la edición impresa de Granada Hoy, el domingo 18 de diciembre de 2011
Despedir funcionarios ¿y qué más?
No sé qué pensar. El señor Rosell lleva unos días anunciando propuestas que parecen sacadas de un manual de despropósitos. Empezó queriendo rescatar el contrato de aprendizaje, sin cotizaciones y sin derechos, luego se le ocurre lo de los mini-empleos con mini-salarios y, por último, suelta lo del despido de funcionarios. Idea que no es nueva, por cierto, porque ya se la planteó a Zapatero en julio de 2010. Espero que todo esto sean “gracietas” para quedar bien con el ala dura de la patronal que tantos quebraderos de cabeza le están dando, de otro modo, tendré que ponerme en lo peor: Ya nos podemos ir olvidando de que la CEOE tenga entre sus prioridades arrimar el hombro para salir de ésta. Más bien parece que su su objetivo prioritario es sacar el máximo provecho a la crisis económica.
Por cierto, la UGT ha presentado recientemente un informe que lleva por título “La defensa de los Servicios Públicos y su reforzamiento en momentos de crisis”, que desmonta con datos objetivos el discurso manido e intencionado de que hay demasiados empleados públicos, que no son productivos y que son unos privilegiados por tener un empleo para toda la vida.
Ya está bien de arremeter contra los funcionarios. Ya está bien de campañas de desprestigio desde determinados medios y partidos políticos, cuyo único objetivo es impedir una más que deseable corriente de aprecio de la ciudadanía hacia ellos, de manera que no encuentren el más mínimo apoyo social cuando se anuncian recortes en sus salarios, aumentos de jornada, eliminación de derechos, reducción de plazas de interinos o cualquier otra medida orientada a reducir el gasto público por la vía del deterioro de la calidad del empleo de los trabajadores que prestan servicios públicos.
Pero ¿qué más oculta esta nueva ocurrencia de Rosell?
Creo que la patronal ha encontrado magníficos aliados en determinados gobiernos autonómicos para conseguir algo por lo que lleva tiempo trabajando. Hay muchas oportunidades de negocio en el sector público, el pastel es jugoso y desea hincarle el diente, de ahí la idea de desprenderse de los funcionarios y desmantelar servicios públicos. Además, si asumen desde la iniciativa privada buena parte de los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o la dependencia, los empresarios podrán llevar a la práctica los abusos habituales en el sector privado, utilizando la crisis como coartada. En definitiva, se promoverá el trabajo indecente para prestar esos servicios, con mini-empleos, mini-salarios, horas extraordinarias a discreción y despidos a precio de saldo.
Ya sabemos lo que dice la patronal, hoy lo importante es tener trabajo… cualquier trabajo. Con la que está cayendo ¡cualquiera se queja!
Pero yo me pregunto, si lo importante es tener trabajo… cualquier trabajo ¿por qué ese interés en enviar al paro a los funcionarios?
Más allá de los números…
Recientemente hemos conocido que España es el país de la UE que concentra mayor número de trabajadores sobrecualificados, es decir, que tienen una formación superior a la exigida para el trabajo que desarrollan. Concretamente son 3 de cada 10 trabajadores españoles los que están en esta situación.
Es cierto que cuantificar nos permite describir más fácilmente la realidad que nos rodea pero para explicar esa realidad, para comprenderla mejor, es fundamental ir más allá de los números. Sobre todo cuando lo que se identifican son problemas sociales a los que es necesario buscar soluciones, como en este caso.
Y me explico. Partimos de la base de que las estadísticas oficiales se elaboran con datos oficiales y, por tanto, queda fuera de las estadísticas del EUROSTAT la realidad de la economía sumergida y del empleo irregular que, en el caso de Granada, hemos estimado en un 28% (la media nacional ronda el 22-25%).
¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente estos datos oficiales cambiarían bastante si tomaran en consideración realidades que son muy familiares para los jóvenes que las experimentan/sufren y para los sindicalistas que las enfrentamos como problema a resolver.
Podría poner muchos ejemplos, pero me quedaré con estos cuatro que son los más habituales en la provincia de Granada:
- Jóvenes contratados con una categoría distinta a la que realmente desarrollan. Lógicamente siempre una categoría inferior y que suele ser utilizada por empresarios sin escrúpulos que utilizan “gratis” los conocimientos expertos de estos trabajadores y se ahorran las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, sin reparar en las consecuencias que esta práctica ilegal tiene sobre los derechos laborales y sociales de estos trabajadores y, menos aún, sobre su estafa a las arcas públicas.
- Jóvenes becarios en prácticas que en realidad ocupan un puesto de trabajo cualificado en empresas que sólo tienen contratados a trabajadores no titulados. Esta situación se da en empresas pequeñas que, o bien, no pueden justificar en su contabilidad la nómina de estos trabajadores al tener buena parte de sus ingresos en la contabilidad B, es decir, escondidos en la economía sumergida, o bien, están gestionadas por empresarios que carecen de toda ética y explotan a los jóvenes titulados “concatenadamente”, es decir, a uno detrás de otro, despreciando el valor de su trabajo y su dignidad profesional.
- Jóvenes becarios en prácticas que comparten despacho con trabajadores titulados en empresas de mayor tamaño, no para ser formados en la práctica profesional, como debería ser, sino para reducir costes laborales, en definitiva, son trabajadores “utilizados” como mano de obra barata para garantizar mayores beneficios a las empresas en cuestión.
- Jóvenes a los que se les da “la oportunidad” de ejercer su profesión pero sin contrato de trabajo y cobrando en negro. Este es el caso más claro de empresa que desarrolla su actividad en la economía sumergida.
Como he dicho anteriormente, estos son algunos ejemplos, podría poner muchos más. Si a esta realidad unimos la alta tasa de desempleo juvenil, es lógico que la UGT priorice la necesidad de un plan de empleo específico para los jóvenes españoles.
El problema es que ni los políticos ni la patronal parecen ver la realidad de la misma manera, ni comparten con nosotros las mismas prioridades. ¿Cómo se explica si no que la propuesta de la CEOE para los jóvenes, al parecer bien vista por el partido que gobernará España en unos días, pase por un contrato sin cotizaciones y con un salario inferior al salario mínimo?
Entre todos tenemos que cambiar la agenda y las prioridades de patronal y gobierno. En la UGT vamos a pelearlo ¿te sumas?
Hartos de estar hartos…
No hay día que no encontremos un artículo o reportaje en la prensa diaria o en revistas especializadas, ni tertulia o entrevista en TV o radio, cuyo tema central no sea la crisis económica. Una crisis que está provocando graves consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida: laboral, social, familiar e individual y que, no sólo está afectando nuestro presente, sino que está diseñando un futuro casi negro para los que hoy la sufrimos y para las generaciones que están por venir.
Da la impresión que los analistas y los gurús que dirigen la política económica en la sombra, se han propuesto aprovechar la crisis para promover un cambio global que garantice la pervivencia del peor capitalismo conocido. Ese que defiende el Estado mínimo y la desregulación máxima de los mercados financieros. Precisamente el mismo que provocó la crisis financiera que nos ha traído tantos disgustos y que está produciendo desigualdad y exclusión social en sectores de población cada vez más amplios en todo el mundo.
Y ahí los tenemos todos los días, enviando mensajes con su diagnóstico de la situación y con las recetas para que otros paguemos los platos rotos de la especulación y la avaricia: NADIE plantea soluciones para eliminar las causas que provocaron la crisis; NADIE habla ya de refundar el capitalismo; NADIE defiende con seriedad el control político de la economía; NADIE plantea que hay pedir responsabilidades a los que han provocado la crisis; NADIE exige compromiso a los que más tienen para que arrimen el hombro y asuman un sacrificio proporcional, al menos, a los beneficios obtenidos antes y durante la crisis; NADIE, en definitiva, se detiene a proponer soluciones para reactivar la economía y crear empleo, ni mucho menos, para salvar a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los que lo han perdido todo, hasta la esperanza.
Ni siquiera Europa, la única región del mundo en la que el capitalismo parecía poder convivir con un estado social que garantizaba el bienestar de sus ciudadanos, ha podido abstraerse a esa nueva corriente de cambio global que pretende aprovechar la crisis para mover con velocidad de vértigo todos los cimientos que daban sentido a nuestra convivencia y que permitían el progreso social que cada días nos hacía más iguales y más libres.
Europa es hoy un títere en manos del capitalismo de casino, liderada por una mediocre canciller que ha sido instruida por los grandes bancos alemanes para no salirse del guión de las dos reglas: austeridad y control de la inflación, y que, si nadie lo impide, acabará con el sueño de los padres de la Unión Europea y, por supuesto, con la moneda común.
Los trabajadores y trabajadoras estamos hartos de sobre diagnóstico, de austeridad, de recortes, de recetas “enlatadas” que esconden sacrificios sociales, de mediocridad, de ausencia de liderazgo, de la parálisis de nuestros políticos, del cambio global que se nos presenta como un destino fatal y que, por cierto, sólo beneficia a los de siempre.
Queremos recuperar la esperanza de que es posible retomar las riendas de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro futuro. Ya es hora de que escuchen a los economistas “díscolos”, que son muchos aunque intenten invisibilizarlos o ridiculizarlos; ya es hora de que se tomen en serio las alternativas sindicales para salir de la crisis; ya es hora de que empiecen a pensar en los ciudadanos, en sus necesidades, en su bienestar, en sus derechos… en su dignidad.
Si no lo hacen motu propio, los sindicatos de clase tendremos que obligarles a que lo hagan.
La que avisa no es traidora.
