Guerra al fraude fiscal (Parte 2)

A los que se acaban de asomar a este blog, les diré que esta es la continuación de mi ultima entrada, en la que me atreví a lanzar un reto a los trabajadores y a los ciudadanos en general: obligar a pagar impuestos a los que defraudan. Entendiendo que, antes de “parchear” con subidas de impuestos, el Gobierno debería priorizar un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Cosa que, al parecer, no está dispuesto a hacer.

Pues bien, asumiendo el compromiso, voy a responder a las preguntas que me dejé sin contestar ¿Quién pierde y quién gana en el fraude fiscal? ¿Qué ventajas tiene para nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, exigir factura?

Ganar, ganan sólo los que defraudan, los estafadores. Perder, perdemos todos los demás. Y me explico:

• Los que declaramos y pagamos impuestos, soportamos una sobre-carga impositiva (unos 830€ de media, según los técnicos de la Agencia Tributaria) para compensar la evasión fiscal de los que defraudan.  
• Los defraudadores se quedan con el dinero y además disfrutan de los servicios públicos que deberíamos pagar entre todos (sanidad, educación, dependencia…), sin aportar un solo euro para su mantenimiento.
• Los autónomos, profesionales liberales y empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias,  sufren la competencia desleal de los estafadores y tienen serias dificultades para mantenerse en el mercado y, en algunos casos, para evitar la ruina.
• El estafador, para dar credibilidad a su declaración de ingresos, contrata trabajadores en negro o, dependiendo del volumen de actividad “sumergida”, ofrece empleo irregular. Es decir, no cotiza por todos o una parte de sus trabajadores ; o lo hace por menos horas de las efectivamente trabajadas; o por una categoría inferior al trabajo desarrollado o por un salario inferior al recibido. Estamos hablando de fraude fiscal y  economía sumergida. En este caso, de sus consecuencias para el trabajador:
  • Individuales: Realizar una actividad en la economía sumergida implica “renunciar” a la mayoría de nuestros derechos. Por ejemplo, el trabajador que no cotiza, no tiene derecho a prestaciones por desempleo, no está protegido en caso de accidente laboral o enfermedad profesional y está condicionando su pensión futura.
  • Colectivas: La economía sumergida incide muy negativamente en las cuentas de la Seguridad Social, deteriora el mercado de trabajo, precariza el empleo y provoca el incumplimiento de los convenios colectivos.  Ningún trabajador debería aceptar un empleo en la economía sumergida. Este sería el mejor ejercicio de solidaridad que podemos hacer entre nosotros:  Si los estafadores no encuentran a nadie que se deje explotar, no tendrán más remedio que “emerger” y ofrecer empleo con derechos. De otro modo ¿quién hará el trabajo?    

A estas alturas ya habréis caído en la cuenta de las muchas ventajas que tiene para nosotros el pagar con factura:

• Como ciudadanos, porque obligaremos a pagar impuestos y seguros sociales a los que hoy no lo hacen o no lo hacen en la cuantía que debieran, garantizando así ingresos suficientes al Estado para mantener los servicios esenciales:  educación, sanidad, dependencia y una protección social suficiente a los ciudadanos que más duramente están sufriendo las consecuencias de la crisis económica.  Y otra cosa muy importante, estaremos dejando sin argumentos a los que hablan de la insostenibilidad del Estado de Bienestar y a los políticos que sólo saben ajustar presupuestos, recortando gasto público.
• Como trabajadores, porque les obligaremos a abandonar la economía sumergida, la contratación irregular, el fraude a la Seguridad Social y hasta la competencia desleal que pone en serio riesgo el futuro de las empresas cumplidoras y, en consecuencia, el futuro del empleo de calidad que estas ofrecen.  Sin economía sumergida, tendríamos un mercado de trabajo más saludable, con empleos, prestaciones y pensiones dignas.
• Y, por último, como consumidores, porque la factura nos permite ejercer nuestros derechos, al poder demostrar la adquisición del bien o el servicio.

Soy consciente de que para ganar la guerra a la economía sumergida, serán necesarias muchas batallas.  Es cierto que hacen falta más recursos materiales y humanos para la inspección fiscal y de la Seguridad Social; es cierto que necesitamos un sistema fiscal que elimine los métodos de tributación que incentivan la comisión de fraude; pero estoy convencida de que el mayor golpe a la economía sumergida y el fraude fiscal lo podemos asestar los ciudadanos:  Si los dejamos sin cómplices, no tendrán más remedio que rendirse.  

¿Te animas a desmontarles el chiringuito?

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