He leído el texto de la reforma laboral por arriba y por abajo, he analizado la letra pequeña, los cambios uno a uno… en fin, creo estar suficientemente informada como para opinar con propiedad sobre el Real Decreto-Ley que el gobierno de Rajoy aprobó el pasado viernes y que entró en vigor al día siguiente.

Una norma “muy agresiva”, en palabras del ministro de Economía, cuyo contenido hemos conocido una vez publicada en el BOE. Esto, dicho sea de paso, nunca había ocurrido en toda la etapa democrática. En mi modesta opinión, las formas son importantes en democracia, y un gobierno con mayoría absoluta debería cuidarlas más si cabe. El desprecio al papel que la Constitución otorga a los agentes sociales, al diálogo social, a la concertación y al marco de relaciones laborales, es un tema sobre el que debería reflexionar tanto la ministra de Empleo, como el gobierno en su conjunto y alguna que otra conocida dirigente del Partido Popular.

Se han utilizado tantas mentiras para justificar las supuestas bondades de la reforma laboral,  que sería conveniente que los trabajadores leyesen el texto legal con detenimiento y, de este modo, opinar y actuar en consecuencia, porque nos afecta a todos y nos jugamos mucho. Su lectura serviría para desenmascarar al gobierno y a todos los que jalean la reforma laboral y la “venden” como una reforma imprescindible para salir de la crisis y para crear empleo.

La historia enseña muchas cosas y la experiencia de 52 reformas laborales desde 1980, año en el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, desmiente de manera rotunda la utilidad de la reforma en esos términos.

En primer lugar, para salir de la crisis necesitamos reactivar la economía, no cambiar las normas laborales. Es tan fácil como preguntar a algún empresario si la nueva norma le servirá para garantizar el pago a proveedores, para conseguir financiación, si hará crecer su facturación, si disminuirá la morosidad, si hará que aumenten sus pedidos, etc., en definitiva, si realmente le va a servir para contratar a más trabajadores.

En segundo lugar, porque alardear de que la reforma laboral se hace pensando en los 5,2 millones de parados es manipular a la opinión pública y sencillamente un insulto, máxime cuando el núcleo duro de la reforma está orientado a facilitar, abaratar y universalizar el despido. Ni el sector público se libra del despido, a partir de ahora.

Efectivamente, la norma no sólo es inútil para la economía y el empleo, sino que puede llegar a ser contraproducente, pues facilita una bajada generalizada de salarios y, por tanto, a buen seguro va a provocar un empobrecimiento mayor a todos los niveles, sobre todo porque se añadirá al efecto negativo de la subida de impuestos que empezaremos a notar todos los trabajadores este mes y a los recortes que ya han sufrido los empleados públicos y los trabajadores de empresas en crisis.

Se anuncia también esta reforma laboral como equilibrada. Pero el equilibrio, tal vez exista en la imaginación del gobierno, pero en el texto brilla por su ausencia. De hecho, la norma deja totalmente desprotegido al trabajador y da todo el poder al empresario que podrá despedir fácil, gratis o a precio de ganga, inaplicar el convenio colectivo cuando le parezca, bajando salarios y modificando las condiciones de trabajo a sus empleados, sin tutela efectiva de los poderes públicos y dejando como únicas salidas, al trabajador y a sus representantes sindicales, reclamar por la vía judicial o utilizar el conflicto.

NO es verdad que los trabajadores hayamos disfrutado hasta ahora de un exceso de protección, NO es verdad que ese exceso de protección haya provocado los 5,2 millones de parados, NO es cierto, en definitiva, que los trabajadores que hoy tienen empleo sean los culpables de que en España, Andalucía o Granada se hayan alcanzado cifras de paro escandalosas y socialmente vergonzantes. Por eso, es importante que no aceptemos con resignación esta reforma laboral impuesta, que no asumamos ese sentimiento de culpa ni pensemos que esto es como una penitencia que debemos cumplir. Esta reforma es un atropello sin precedentes a los derechos de los trabajadores, al marco de las relaciones laborales y  tenemos que dinamitarla entre todos.

Porque la razón oculta de esta reforma laboral es la “obediencia debida a la Troika”, ganar competitividad a costa de devaluar salarios y precarizar nuestro mercado de trabajo. Los parados no son la prioridad y tampoco solucionar los problemas reales de nuestro mercado de trabajo, como son la excesiva temporalidad y el peso cada vez mayor de la economía sumergida. A corto, a medio y a largo plazo, perdemos TODOS los trabajadores, en activo o en desempleo, porque esta reforma certifica la defunción del Derecho del Trabajo.

Esta reforma tan extremadamente agresiva y peligrosa, merece una respuesta proporcional a la agresión. Nosotros, los UGTistas, los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía en general, tenemos que impedir este atropello.

Si no estás de acuerdo con esta reforma, si no estás dispuesto a que nuestros gobernantes nos conviertan en los parias de Europa, deberías hacer algo ¿no crees?

La manifestación del domingo dia 19  es sólo el principio.

Resulta preocupante que el Gobierno se esconda detrás del  problema  que más preocupa a la ciudadanía, el paro, para poner en marcha una reforma laboral que es injusta con los trabajadores, inútil para crear empleo e ineficaz para la economía. Y más preocupante aún que dé por hecho que  el paro seguirá creciendo en 2012 y se instale sin más en esa posibilidad, en lugar de plantear alternativas para afrontar esta situación con carácter de urgencia. 

¿Por qué es injusta con los trabajadores? Por muchas razones. Porque se orienta hacia una pérdida generalizada de derechos.  No sólo facilita y abarata el despido, que acabará siendo de 20 días por año para todos, libre y gratis total para los jóvenes, y sin control para el despido colectivo, también en el sector público;  sino también porque, entre otras cuestiones,   convierte en papel mojado a los convenios colectivos sectoriales y territoriales, precisamente los que dan cobertura a más del 90 por ciento de los trabajadores y trabajadoras, posibilitando una flexibilidad total en salarios, jornadas, funciones,…  y sin más opción para el trabajador que acudir a los tribunales para hacer valer unos derechos que hay que probar, porque la reforma otorga total flexibilidad y garantías al empresario en la misma medida que deja al trabajador “solo ante el peligro” y con gran inseguridad en el empleo.

Por si todo esto fuera poco, a los jóvenes, a los que soportan una tasa de paro superior al 50 por ciento, a los que hoy cuentan con la mejor formación de toda nuestra historia, les “regalan” más precariedad y mayor rotación. Al menos tendrán trabajo, dirán algunos, pero ¿qué trabajo y en qué condiciones? Acabarán sustituyendo a sus padres, que serán despedidos a precio de ganga y, con suerte, rotando de contrato de aprendizaje a contrato de formación o en período de prueba sucesivo, cobrando el salario mínimo y sin derecho a indemnización por despido.

Y es que, por más que se empeñen, el problema del paro no se resuelve con cambios en la normativa laboral. No se creará empleo hasta que se reactive la economía y lo saben. Y la política económica, basada en los recortes de gasto público y en el ajuste duro, dictada por la Troika, va en la dirección equivocada, es más, nos lleva al abismo.  Lo preocupante es que intenten maquillar la  realidad  y nos impongan una reforma laboral que no resuelve los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo y cuyo resultado práctico será llegar más rápidamente a los 6 millones de parados, cifra con la que ya parece contar el gobierno de Rajoy.  

¿Cómo pueden afirmar sin sonrojarse que esta reforma laboral no recorta derechos? ¿Cómo pueden  decir sin sentir vergüenza que incentiva la creación de empleo de calidad? ¿Cómo pueden engañar a los trabajadores y a la ciudanía afirmando que esta reforma es necesaria para salir de la crisis?   

Una vez más nos engañan nuestros gobernantes, una vez más imponen recortes de derechos que, en este caso, nos retrotraen a tiempos en los que las relaciones laborales eran de total subordinación del trabajador al empresario. Tiempos en los que el empleador podía decidir arbitrariamente cuándo y a quién contratar y cuándo y a quien despedir y, además, imponer salario, jornada y condiciones laborales.  La excusa vuelve a ser la crisis económica, la necesidad, dicen, de modernizar nuestra legislación y adaptarla a la de los países de nuestro entorno, y la justificación, los 5 millones de parados.

Con razón decía el ministro De Guindos a su colega alemán que la reforma laboral que habían preparado era radical. Y tanto que lo es. Pero aún puedo serlo más cuando pase por el Parlamento. Allí el gobierno hará valer su mayoría absoluta y, además, contará con alianzas de partidos nacionalistas, como la de CIU, partido que ya le ha dado el “sí quiero” para profundizar en una normativa laboral aún más lesiva para los derechos de los trabajadores.

Nosotros, los trabajadores, los del sector privado y los del sector público, los que tenemos empleo y los que estamos en paro,  los jóvenes y los mayores, los inmigrantes, los colectivos más vulnerables, la ciudadanía en general , tenemos que salir a la calle para decir alto y claro que ASÍ NO, que no vamos a permitir que de un plumazo desmantelen el derecho al trabajo en nuestro país, que nuestra dignidad es mucho mayor que el miedo que intentan inocularnos.

Y nuestra primera cita, el próximo domingo 19 de febrero, con un aviso al Gobierno de Rajoy: Una mayoría absoluta no da derecho a eliminar derechos, ni a gobernar en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría.

Esta comedia americana de 1986, protagonizada por Tom Hanks y Shelley Long, la han repuesto no sé cuántas veces en televisión y no es una gran cosa, pero siempre acabo viéndola. Es de esas películas que te permiten charlar en familia o con amigos y, de vez en cuando,  echarle un ojo para reírte con las escenas más disparatadas. 

Por alguna extraña razón, cada vez que el Ministro de Educación y Cultura mueve ficha, me acuerdo de esta película.  No creo que se deba a que cuando oigo su nombre, José Ignacio Wert, imagino al tertuliano que era capaz de disertar y discutir sobre casi cualquier tema, y que, cuando hablaba de economía, de política nacional, de la UE o de mercado de trabajo, me producía cierto repelús (por decirlo finamente) .

Más bien me inclino a pensar que esa asociación de ideas obedece a su ¿gestión? como Ministro. ¡Han sido tantas las “perlas” que ha sumado en poco más de un mes!

Veamos algunas de ellas, sin ánimo de hacer sangre:  

• Presenta una reforma educativa neoliberal que beneficia muy especialmente a la Iglesia, las empresas privadas y  las familias con recursos, y perjudica, en general, a la enseñanza pública y, en particular, a profesores y alumnos desfavorecidos. Por cierto, anunciar la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía al mismo tiempo que la reforma de la enseñanza ha sido una excelente jugada: nos entretiene con las ramas y así no reparamos en el bosque. Lo explica muy bien Diego Barcala, en su artículo Wert planta los cimientos de la reforma educativa defendida por FAES.
• Pone en jaque las ayudas al cine español utilizando el comodín de la crisis: no es sostenible. 
• Por contra, si parece sostenible el apoyo a la tauromaquia. Es decir, como al señor ministro le gustan los toros, aquí no hay miseria: apoyará iniciativas para promover la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí queda eso.

Pero desde luego, la perla de hoy no tiene parangón:

• Las Comunidades Autónomas han conocido por el Boletín Oficial del Estado la modificación de los temarios de oposiciones (y eso que se habían reunido el 26 de enero en Conferencia Sectorial). La pregunta del millón: ¿Porqué no contó sus planes a los Consejeros de Educación?. Me inclino a pensar que ha sido una ocurrencia de última hora. Una bofetada a las Autonomías que hicieron oídos sordos a la sugerencia de no convocar oposiciones hasta 2013, como es el caso de Andalucía. 
• También los sindicatos de enseñanza se han enterado por el BOE de la modificación de temarios de oposiciones.  Ciertamente, parece que el señor Wert ha actuado con alevosía, demostrando una falta de respeto inconmensurable, a todos los niveles, porque: ¿Qué pasa con los dolientes? ¿Ha pensado el señor ministro en los opositores, los preparadores, las editoriales, las academias….? ¿Ha pensado en el tiempo y dinero invertidos en preparar un temario que ya no sirve?

Mire señor Wert, esta última escena disparatada no me hace ninguna gracia. Como seguro no se la hará a los miles de jóvenes opositores que tendrán que volver a empezar con un temario de 1993. Ya puestos, ¿por qué no ha propuesto como temario el índice de la Enciclopedia Álvarez?.

 Ya está bien señor Ministro, déjese de experimentos y no convierta a la educación en una ruina, por favor.

Todavía estoy en estado de shock desde que ayer vi a Rajoy departiendo sonriente con su homólogo finlandés, anunciando que la reforma laboral que va a poner en marcha le va a costar una huelga.  Me pregunto por qué lo haría:

¿Estaba sacando pecho en su “puesta de largo”? ¿Quería demostrar que era un presidente duro para que no le busquen un tecnócrata de sustitución? ¿Tenía cierto resquemor pensando que los sindicatos no le tomaríamos en serio hasta que nos toque tanto las narices que no tengamos más remedio que convocarle, no una, sino las huelgas que hagan falta? ¿Pensaba que no estaría a la altura de los presidentes que le precedieron hasta que no le convoquemos una buena huelga general? …

En fin, son tantas las preguntas que se me agolpan en la cabeza que me gustaría que, de una vez por todas, el presidente del  Gobierno nos explicara con detalle esa reforma laboral que, según dice, están pidiendo “a gritos” todos los españoles y los más de 5 millones de parados de este país.  Una reforma “como dios manda”, no como las anteriores que no sirvieron para nada. Eso sí, una vez más, impuesta, para que no contente a nadie y ponga en pié de guerra a los sindicatos de clase.

Seguimos, pues, con más de lo mismo. Vendiendo la moto de que cambiando la normativa laboral se acabó el paro, el juvenil, el de larga duración,…  y hasta el estructural. O sea que con la reforma laboral que nos quieren sorprender lloverán los contratos como si esto fuese el diluvio universal. Un éxito seguro, vamos.

Un poco por seguir el juego, digo yo que mientras los responsables políticos nos convocan una huelga, ¿qué tal si nos dejan legislar a nosotros y tomar medidas más sociales para salir de la crisis?

Para empezar, nos podríamos poner a tope contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Sacaríamos de debajo de la alfombra, de las cajas B, de la hucha del cerdito, de debajo del colchón, de los paraísos fiscales,…  los miles de millones que nos hacen falta para equilibrar las cuentas sin tener que recortar gastos y sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y la calidad de vida de los ciudadanos de este país.  Con esos miles de millones podríamos decir adiós deuda pública, adiós tiburones de los mercados, adiós agencias de calificación, adiós Frau Merkel, adiós FMI, adiós BCE, adiós prebostes neoliberales, adiós tecnócratas a sueldo, adiós 100 economistas, adiós caverna…  adiós excusas para seguir estrujando a los de siempre para seguir acumulando riqueza y poder.

Luego, podríamos continuar con una buena reforma fiscal integral, equilibrada, justa y redistributiva.  Con esa reforma, tributarían todas las rentas y pagarían más los que más tienen y los que más ganan.

Mientras hacemos todo esto, no podemos olvidar pinchar la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo? Sacando al mercado de la compra-venta o de alquiler, con o sin opción a compra y a precios razonables, los cientos de miles de viviendas que tienen las entidades financieras y los particulares. Objetivos:  Ni un ciudadano sin vivienda y normalizar el sector de la construcción.

En la reforma del sistema financiero no entro por el momento, porque el gobierno ya ha dicho que la aprobará el viernes y veremos si nos sirve o tenemos que darle la vuelta por completo.

Y asi, poniendo todo a funcionar con el horizonte puesto en ese nuevo modelo productivo que hace tiempo se cayó de la agenda de los políticos, seguro que se empieza a recuperar la actividad productiva, se crean puestos de trabajo de calidad y empezamos a ver la salida a esta maldita crisis.

Y, muy importante, la Seguridad Social, la educación, la sanidad, la dependencia, el Estado de Bienestar, en definitiva,  volverían a gozar de una excelente salud. Y se quedarían compuestos y sin novio todos los que hoy “trabajan” con entusiasmo por liquidarlo y privatizarlo.

Desde que saltó a la prensa la noticia de que las negociaciones entre patronal y sindicatos estaban avanzando, la mayoría de los UGTistas estábamos preparados para el bombardeo de críticas y reproches (por decirlo suavemente) que íbamos a recibir UGT y CCOO. En cuanto a la patronal…, no por dios,  esa ni tocarla.

Y es que llueve sobre mojado y siempre es la misma canción. Si no acordamos, nos ataca la derecha política, económica y mediática: que si somos unos irresponsables,  que estamos desfasados, que tenemos la culpa de que haya tanto paro, que sólo defendemos a los trabajadores fijos, que estamos politizados, que seguimos las consignas de un determinado partido… y luego están los más “extravagantes”, como el señor Sostres y su famosa receta: los trabajadores con problemas deben acudir a la parroquia (a rezar, supongo) pero a los sindicatos, ni agua.

Y si acordamos…  entonces las bombas nos llegan de los sindicatos minoritarios y de la izquierda política. Los primeros porque no tienen nada que perder, es más, se aprovechan de la campaña de desprestigio a los sindicatos orquestada desde la derecha neocon para captar adeptos .  Así, difunden sus ataques e insultos tradicionales (vende obreros, traidores…) sin conocer siquiera el contenido del acuerdo, utilizando el cobarde anonimato en las redes sociales y los comentarios a noticias relacionadas en los medios digitales.  Es lamentable su comportamiento carroñero. Un comportamiento que hace daño, y mucho, a la clase trabajadora.  Evidentemente, es muy fácil criticar cuando se tiene tan poca representación y no hay que enfrentarse al día a día de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo.  Están acostumbrados a crear problemas pero no a resolverlos.

En cuanto a los ataques de la izquierda política, qué queréis que os diga. Hoy me ha sorprendido que un joven diputado de izquierdas, otrora conocido activista del 15-M, haya manifestado que los sindicatos, al firmar este tipo de pactos, perdemos base social y ha llegando incluso a aconsejarnos que renunciemos a negociar y dejemos al PP aplicar el “rodillo” y gobernar por decreto. 

Imagino que será la inexperiencia,  que no la inteligencia, la que le ha llevado a aconsejarnos de este modo. Es un joven muy preparado a nivel teórico, pero está claro que desconoce la realidad que se vive en los centros de trabajo.  Tampoco sabe de sindicalismo, ni de negociación colectiva, ni de diálogo social… en los libros no se aprenden bien esas cosas, hay que vivirlas, hay que estar en las empresas, en el tajo, compartir los problemas de los compañeros, pelear por sus derechos… si, por sus derechos que son los nuestros, los de todos los trabajadores, afiliados o no. Y nosotros, como sindicatos mayoritarios, tenemos la obligación, la responsabilidad, de negociar y de acordar cuando sea posible, con la patronal y con el gobierno, sea del color que sea.  A nosotros, la mayoría de los trabajadores nos han votado para eso en las empresas, para que les defendamos, no para dejar que el gobierno o el empresario de turno hagan lo que quieran con sus derechos. Tenga mayoría absoluta, mayoría relativa, sea un pequeño empresario o un magnate.

Ayer, cuando alcé mi mano para votar ese acuerdo en el Comité Confederal de la UGT, lo hice convencida de que mi sindicato estaba actuando con responsabilidad. Porque sí,  es un acuerdo difícil en un momento muy complicado desde el punto de vista económico, social y laboral, pero es equilibrado, incorpora más solidaridad entre los trabajadores y garantiza el derecho a la negociación colectiva, en serio riesgo si observamos lo que está pasado en los países del sur de Europa.  

Incorpora más solidaridad porque, ante las dificultades económicas en una empresa, se prioriza el mantenimiento del empleo por encima de todo. Y, muy importante, elimina el riesgo que existía de que los trabajadores perdiesen la cobertura de un convenio colectivo, fortaleciendo las relaciones colectivas de trabajo,  frente a la práctica, cada vez más extendida, de la imposición unilateral por parte del empresario, de condiciones laborales a la baja,  sin negociación y sin garantía alguna de reversión.  

 En definitiva, los que querían apartar a los sindicatos de la determinación de salarios y de la negociación de las condiciones  laborales, los que pretendían dejar sin convenio a más del 90 por ciento de los trabajadores de este país, saben que, con este acuerdo, han perdido la batalla. Basta recordar los mensajes-recetas al respecto que nos han venido lanzando los adalides neoliberales dentro y fuera de España, el FMI, el BCE, Frau Merkel, etc., etc.

Ahora, sólo falta que el gobierno de Rajoy no meta mano en el acuerdo, como dice nuestro compañero Manuel Pastrana en su blog, y ahí sí que espero todo el apoyo de los partidos de izquierdas en el Parlamento. Ese es su lugar natural. El sindicalismo, es cosa nuestra.

A los que se acaban de asomar a este blog, les diré que esta es la continuación de mi ultima entrada, en la que me atreví a lanzar un reto a los trabajadores y a los ciudadanos en general: obligar a pagar impuestos a los que defraudan. Entendiendo que, antes de “parchear” con subidas de impuestos, el Gobierno debería priorizar un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Cosa que, al parecer, no está dispuesto a hacer.

Pues bien, asumiendo el compromiso, voy a responder a las preguntas que me dejé sin contestar ¿Quién pierde y quién gana en el fraude fiscal? ¿Qué ventajas tiene para nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, exigir factura?

Ganar, ganan sólo los que defraudan, los estafadores. Perder, perdemos todos los demás. Y me explico:

• Los que declaramos y pagamos impuestos, soportamos una sobre-carga impositiva (unos 830€ de media, según los técnicos de la Agencia Tributaria) para compensar la evasión fiscal de los que defraudan.  
• Los defraudadores se quedan con el dinero y además disfrutan de los servicios públicos que deberíamos pagar entre todos (sanidad, educación, dependencia…), sin aportar un solo euro para su mantenimiento.
• Los autónomos, profesionales liberales y empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias,  sufren la competencia desleal de los estafadores y tienen serias dificultades para mantenerse en el mercado y, en algunos casos, para evitar la ruina.
• El estafador, para dar credibilidad a su declaración de ingresos, contrata trabajadores en negro o, dependiendo del volumen de actividad “sumergida”, ofrece empleo irregular. Es decir, no cotiza por todos o una parte de sus trabajadores ; o lo hace por menos horas de las efectivamente trabajadas; o por una categoría inferior al trabajo desarrollado o por un salario inferior al recibido. Estamos hablando de fraude fiscal y  economía sumergida. En este caso, de sus consecuencias para el trabajador:
  • Individuales: Realizar una actividad en la economía sumergida implica “renunciar” a la mayoría de nuestros derechos. Por ejemplo, el trabajador que no cotiza, no tiene derecho a prestaciones por desempleo, no está protegido en caso de accidente laboral o enfermedad profesional y está condicionando su pensión futura.
  • Colectivas: La economía sumergida incide muy negativamente en las cuentas de la Seguridad Social, deteriora el mercado de trabajo, precariza el empleo y provoca el incumplimiento de los convenios colectivos.  Ningún trabajador debería aceptar un empleo en la economía sumergida. Este sería el mejor ejercicio de solidaridad que podemos hacer entre nosotros:  Si los estafadores no encuentran a nadie que se deje explotar, no tendrán más remedio que “emerger” y ofrecer empleo con derechos. De otro modo ¿quién hará el trabajo?    

A estas alturas ya habréis caído en la cuenta de las muchas ventajas que tiene para nosotros el pagar con factura:

• Como ciudadanos, porque obligaremos a pagar impuestos y seguros sociales a los que hoy no lo hacen o no lo hacen en la cuantía que debieran, garantizando así ingresos suficientes al Estado para mantener los servicios esenciales:  educación, sanidad, dependencia y una protección social suficiente a los ciudadanos que más duramente están sufriendo las consecuencias de la crisis económica.  Y otra cosa muy importante, estaremos dejando sin argumentos a los que hablan de la insostenibilidad del Estado de Bienestar y a los políticos que sólo saben ajustar presupuestos, recortando gasto público.
• Como trabajadores, porque les obligaremos a abandonar la economía sumergida, la contratación irregular, el fraude a la Seguridad Social y hasta la competencia desleal que pone en serio riesgo el futuro de las empresas cumplidoras y, en consecuencia, el futuro del empleo de calidad que estas ofrecen.  Sin economía sumergida, tendríamos un mercado de trabajo más saludable, con empleos, prestaciones y pensiones dignas.
• Y, por último, como consumidores, porque la factura nos permite ejercer nuestros derechos, al poder demostrar la adquisición del bien o el servicio.

Soy consciente de que para ganar la guerra a la economía sumergida, serán necesarias muchas batallas.  Es cierto que hacen falta más recursos materiales y humanos para la inspección fiscal y de la Seguridad Social; es cierto que necesitamos un sistema fiscal que elimine los métodos de tributación que incentivan la comisión de fraude; pero estoy convencida de que el mayor golpe a la economía sumergida y el fraude fiscal lo podemos asestar los ciudadanos:  Si los dejamos sin cómplices, no tendrán más remedio que rendirse.  

¿Te animas a desmontarles el chiringuito?

#noseascomplice #guerralfraudefiscal #guerralaeconomiasumergida

Esta fue la respuesta de Mariano Rajoy en la rueda de prensa de ayer, ante la pregunta de si se podía comprometer a no incluir la subida del IVA en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

A estas alturas, resulta difícil no entrever en sus palabras que la puerta a esa posible subida de impuestos se ha quedado de par en par.  Por lo tanto, los que ya pagamos impuestos, pagaremos más y los que defraudan, seguirán haciendo negocio a nuestra costa.

Esto me lleva a profundizar en una idea que lanzaba en mi última entrada en este blog:

“… el fraude fiscal es un problema económico de primer nivel en nuestro país. De hecho, se trata de un delito “organizado” y convertido en negocio por auténticas mafias que mueven miles de millones de euros de beneficios, y de las que el común de los mortales sólo conocemos preguntas tan cotidianas como: ¿quiere factura?, ¿con IVA o sin IVA?…”

Y al hilo de esta idea, y ante el escaso interés que manifiestan nuestros gobernantes en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, me gustaría lanzar un reto a los trabajadores y a los ciudadanos en general: ¿Y si somos nosotros los que obligamos a pagar a los que no pagan?

Reconozco que a muchos les sorprenderá el reto, sobre todo si hacemos caso a las encuestas que dicen que casi el 40 por ciento de los españoles justifica el fraude. Pero claro, uno responde en función de cómo le pregunten y también, en función de la información que tiene sobre lo que le están preguntando.

Estoy convencida de que los encuestados habrían dado una respuesta muy distinta,  si hubiesen reflexionado sobre cuestiones como, por ejemplo: ¿Dónde va el dinero con el que pagamos los bienes o servicios que adquirimos “sin” factura? ¿Quién pierde y quién gana en el fraude fiscal? ¿Qué ventajas tiene para nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, exigir factura?…

Me centraré hoy en la primera pregunta, ¿dónde va el dinero?:

Basta mirar la viñeta del Roto… Después de pasar por la contabilidad en B de numerosas pymes, autónomos y profesionales liberales, acaba beneficiando a grandes empresas que dejan de ingresar a Hacienda cientos de miles de euros en las liquidaciones de IVA. Si a lo que se ahorra en la liquidación del IVA, le sumamos el milagro de la “ingeniería anti-tributaria” que ha reducido en casi un 70 por ciento la recaudación en impuesto de sociedades, está claro dónde va una parte importante del dinero: A los bolsillos de muchos de los que se enriquecieron en la época del boom inmobiliario y que colaboraron en la gestación de la crisis que padecemos, que se siguen beneficiando de ella y que además pretenden irse de rositas sin hacer ningún esfuerzo, sin aportar nada, sin asumir ninguna responsabilidad.

El resto del dinero se lo queda la red de estafadores que recorre nuestro país de punta a punta. Porque ¿cómo se explica que en España los trabajadores ganen, de media, más que sus empresarios?.  Los datos oficiales cantan.

Según Hacienda, en el ejercicio 2009, los ingresos anuales medios fueron:

• Trabajadores:                                                  19.359€
• Pequeños empresarios y autónomos:  11.036€
• Microempresarios:                                        10.833€

Queda claro, por tanto, que al adquirir un bien o un servicio sin factura no ahorramos dinero, en realidad nos convertimos en cómplices del que comete la estafa y a la larga, acabamos pagando por él y por todos los defraudadores, que son muchos.

Ahora que han salido del armario los agoreros que anuncian la “insostenibilidad” del Estado de Bienestar, los que llevamos toda la vida luchando por él y los que recién se han dado cuenta de la importancia de defenderlo, tenemos que tomar conciencia de que el fraude fiscal es uno de los elementos que más contribuye a deteriorarlo. Por eso y porque quieren que la crisis la sigamos pagando los de siempre, merece la pena entrar en esta guerra.

Me he dejado preguntas sin responder, lo sé, pero el tema es denso y no quiero cansar al lector. Otro día lo haré. Mientras tanto, si a alguien que lea este post se le ocurre alguna idea más, sería estupendo que la compartiera con nosotros.

#noseascomplice #guerralfraudefiscal #guerralaeconomiasumergida

De las medidas aprobadas por el gobierno y ratificadas por el Parlamento para recortar el déficit público, las que más críticas han provocado, aunque por motivos contrapuestos en algunos casos, han sido las medidas fiscales.

En nuestro caso, las hemos criticado desde el primer momento, porque, en nuestra opinión, no son más que un parcheo, un conjunto de medidas deslavazadas e improvisadas que afectan, fundamentalmente, a las rentas del trabajo de las clases medias. Además, con estas medidas transitorias, como las llama el gobierno, los grandes patrimonios y las grandes fortunas mantienen su “blindaje” y el sacrificio que se les pide para salir de la crisis vuelve a ser “ninguno”.

Desde que la UE y nuestro gobierno convirtieron la reducción del déficit público y la estabilidad presupuestaria en su objetivo prioritario, apostando por planes de austeridad en el gasto público, la UGT ha venido demandando una reforma fiscal integral, en la que se revisase el conjunto de las figuras fiscales de nuestro país para aumentar su potencial recaudatorio y elevar la equidad y progresividad del sistema. Entendiendo, que la ansiada estabilidad presupuestaria se puede alcanzar por la vía del incremento de los ingresos y no sólo por la vía de la reducción de los gastos.

Paralelamente a esta reforma fiscal integral, hemos venido defendiendo la necesidad de un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

A estas alturas, nadie puede poner en duda que el fraude fiscal es un problema económico de primer nivel en nuestro país. De hecho, se trata de un delito “organizado” y convertido en negocio por auténticas mafias que mueven miles de millones de euros de beneficios, y de las que el común de los mortales sólo conocemos preguntas tan cotidianas como: ¿quiere factura?, ¿con IVA o sin IVA?…

Es lamentable que este problema haya suscitado tan poco interés para el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que el plan antifraude que nos ha presentado, incorpora medidas que ya estaban funcionando desde hace tiempo, claramente insuficientes, y como única novedad, la de limitar los pagos en efectivo.

Y digo que es lamentable porque, en una época tan difícil como la que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, social y laboral, el hacer que contribuyan más los que ya lo hacen, en lugar de hacer que contribuyan los que defraudan es una opción socialmente injusta y económicamente errática.

Según señalan los técnicos de la Agencia Tributaria, “los contribuyentes que cumplen con Hacienda pagan de media 830 euros más de lo que les corresponde para compensar la evasión fiscal de otros”. Y van más allá, al afirmar que se podrían recaudar 38.500 millones de euros si se rebajase en 10 puntos este tipo de fraude. Es decir, casi el doble de lo que se recauda por el Impuesto de Sociedades y aproximadamente la misma cantidad que el gobierno pretende recortar para alcanzar su objetivo de déficit público para este año.

Como señalaba en este mismo blog hace un par de meses, los empresarios defraudadores “están pidiendo a gritos” sanciones ejemplarizantes y disuasorias que les animen a ejercer su actividad en la economía oficial. Sin ellas, sabemos que estos empresarios campan a sus anchas, incumpliendo sus deberes con Hacienda, la Seguridad Social, sus trabajadores y la sociedad en general.

En la UGT estamos convencidos de que este es el camino y nos hemos empeñado en sensibilizar a los poderes públicos, a los trabajadores y a la sociedad en general, hasta conseguir un gran acuerdo de todas las fuerzas sociales en materia de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

¿Te apuntas? Aquí tienes nuestros argumentos.

Escucho en las noticias que a la ministra de Trabajo, perdón de Empleo y de Seguridad Social, no le gusta que llamen recortes a los recortes que el pasado viernes aprobó el gobierno de Rajoy. Prefiere la señora Fátima Báñez que los llamemos medidas necesarias para salir de la crisis.

Hay que ver como son algunos políticos. Tal vez piensen que sus juegos de palabras pueden obrar milagros y hacer que olvidemos lo que machaconamente han venido cacareando desde que se inició la crisis y, muy especialmente, desde que el gobierno de ZP virase el barco hacia la derecha, capitaneando una política económica neoliberal a la que, por cierto, deben buena parte de su fracaso electoral.

Ya no recuerda la señora Báñez que los recortes del gobierno de ZP fueron criticados por su partido por injustos y antisociales. Hasta repetían sin rubor los argumentos sindicales que calificaban los recortes del famoso plan de ajuste como un sacrificio estéril, en tanto que eran socialmente injustos, al hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos y los ciudadanos en peor situación, y económicamente inútiles, en tanto que lastrarían la recuperación económica y la creación de empleo.  Como así ha sido.

Después, criticaron la reforma laboral impuesta por el gobierno, decían que porque no contentaba a nadie. Pero en realidad, coincidían en privado con la patronal al considerarla poco ambiciosa, mientras que en público se llegaron a “vender”, también sin rubor, como el partido de los trabajadores, porque suponía un recorte de derechos laborales muy difícil de asumir por los sindicatos.

Cuando convocamos la huelga general del 29-S, ahí sí que pusieron a trabajar a destajo a toda la artillería mediática para, utilizando juegos de palabras, debilitar al gobierno y deslegitimar a los sindicatos de clase que la habíamos convocado. Es decir, saludaban la huelga en privado pero en público la criticaban. La jugada estaba clara: quemar al gobierno evitando fortalecer a los sindicatos de clase.  ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a dar oxígeno a los que día a día presentamos alternativas, exigimos priorizar el empleo y, en definitiva, nos enfrentamos a las políticas neoliberales impuestas por Europa y el FMI, entre otros.

Con la reforma de las pensiones hubo más de lo mismo. Se pusieron de nuestro lado mostrando su desacuerdo en público con la medida menos popular, la de aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, para promocionar en privado el negocio de los plantes de pensiones. Por eso, cuando a través del  Acuerdo social y económico (ASE) conseguimos amortiguar los efectos de la reforma e incluso introducir mejoras muy importantes para colectivos desfavorecidos, como empleadas de hogar o trabajadores del sector agrario, amén de otras propuestas para incentivar la contratación de jóvenes y desempleados de larga duración, se pusieron de perfil para que el acuerdo pasase sin pena ni gloria. 

Con la reforma de la negociación colectiva hubo más de lo mismo. Confiados ya en llegar a la Moncloa, su interés se centraba en pasar sin hacer mucho ruido para preparar el camino a la reforma laboral y de la negociación colectiva que tienen previsto aprobar en breve, con o sin acuerdo entre patronal y sindicatos, pero abiertamente favorable a las tesis de la patronal.

Así es que, a estas alturas, los UGTistas estamos curados de espanto y la mayoría de los trabajadores también. No somos estúpidos y por eso no caemos en la trampa de los juegos de palabras. La realidad es la que es, y si son recortes son recortes, antes y ahora. Lo que para ellos son medidas necesarias para salir de la crisis para nosotros son medidas que nos llevan a la recesión, a más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más sacrificio estéril.

Y el jueves nos anuncian más recortes…  y eso que los autodenominados “movimientos transversales” se entretienen pidiendo firmas para suprimir las supuestas subvenciones a los sindicatos. Están de suerte: la caverna y los iluminados están de su parte. 

Nosotros podemos equivocarnos pero seguiremos a lo nuestro, defendiendo a los trabajadores dentro y fuera de los centros de trabajo, priorizando el empleo y apostando por la negociación colectiva y el diálogo social.

Es lo que hay.

Las perspectivas no son buenas, eso está claro. El recién estrenado ministro de economía, señor de Guindos, nos ha presentado un panorama económico muy negro para los primeros seis meses del año: el país registrará tasas negativas de crecimiento económico, es decir, nuestra economía entrará en recesión el próximo año, y superaremos los 5 millones de parados.

Se trata de una previsión razonable, teniendo en cuenta que se vienen preanunciando recortes, ajustes, reformas amplias y profundas… en definitiva, sacrificios varios para los de siempre, los trabajadores y los sectores más débiles de nuestra sociedad, tal y como viene sucediendo desde que comenzó la crisis.

Recuerdo cómo a finales de 2009, algunos analistas ya sugería la necesidad de reactivar el consumo y la inversión productiva para que la economía pudiese volver a crecer al mismo ritmo que antes de que la crisis empezase siquiera a intuirse. Por entonces, parecía haber un cierto consenso en torno a los problemas estructurales que aquejaban a nuestra débil economía y a la necesidad de apostar por un nuevo modelo productivo que sirviera para fortalecerla y hacerla más competitiva a medio y largo plazo, y, en consecuencia, para recuperar y crear más y mejor empleo.

A estas alturas, está claro que ni esas sugerencias se tomaron en consideración, ni ese consenso se ha mantenido. El nuevo gobierno que ha vendido “el cambio” en la campaña electoral del 20-N y que lo sigue vendiendo de cara a las próximas elecciones andaluzas, en absoluto va a abandonar la ortodoxia económica impuesta desde Europa. De hecho, que Rajoy anuncie que su primer objetivo es la creación de empleo suena a palabras huecas, cuando todas las medidas que se preanuncian van en la dirección contraria.

En este contexto ¿qué podemos esperar en Granada si nuestro mercado de trabajo se sigue deteriorando a pasos agigantados? Las estadísticas laborales son muy elocuentes a este respecto: destrucción de empleo neto en prácticamente todos los sectores productivos, altas cifras de paro, escasas o nulas oportunidades para los jóvenes que buscan su primer empleo y contratación mayoritariamente temporal y precaria. Y a las estadísticas oficiales, se unen los datos sumergidos de una economía que lastra la competitividad de nuestras empresas y la calidad del empleo.

La patronal granadina afirma que la salida de la crisis es la empresa y repite miméticamente las proclamas y recetas de la patronal más ultraconservadora, y hasta defiende proyectos invasivos de nuestro medio ambiente (Sierra Nevada y Costa Tropical) y de nuestro patrimonio cultural (acceso mecánico a la Alhambra). Lamentable, por ejemplo, que su presidente no denuncie públicamente que uno de los principales problemas que afectan a las empresas granadinas es la economía sumergida. O que, no se ofrezca a remar en favor de la recuperación económica, comprometiéndose lealmente con la negociación colectiva, garantizando que todos los trabajadores estén amparados por un convenio colectivo actualizado; e impulsando una nueva cultura empresarial orientada a la creación de empleo estable y con derechos y a una gestión de los recursos socialmente responsable y económicamente sostenible.

Y es que para sobrevivir, señor Cuerva, no basta con alquilar un local y recibir una subvención para poner en marcha el negocio. Nuestras empresas necesitan ser más productivas y competitivas, y para conseguirlo, deben contar con unos recursos humanos motivados y comprometidos con el proyecto empresarial y con gestores cualificados y con visión empresarial. Obviamente, ofrecer miniempleos, contratación temporal, incumplir convenios, bloquear la negociación colectiva… no es el camino.